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INDUSTRIALES SE OPONEN A PROYECTO QUE PRETENDE

AUMENTAR CONTRIBUCIONES DE LAS CORPORACIONES

En vistas públicas de la Comisión de Hacienda del Senado, Josen Rossi,  presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico se opuso firmemente a la aprobación del P. del S. 1355, que pretende imponer una contribución mínima de diez (10) por ciento sobre el ingreso neto tributable de las corporaciones y sociedades que hayan generado un ingreso bruto de sobre diez millones de dólares ($10,000,000).

Los Industriales se opusieron a éste por ser un proyecto de ley que contiene aspectos inconstitucionales, por ser sumamente negativo para la imagen, la proyección  y el clima de negocios en Puerto Rico, y por ser nocivo para las empresas establecidas e inclusive las que estén considerando invertir en Puerto Rico.

El titular de los Industriales argumentó que el P. del S. 1355 es un atentado directo contra las disposiciones de la nueva Ley de Incentivos Económicos de 2008, la cual apenas tiene año y medio de entrar en vigor y cuyas iniciativas para su promoción apenas comienzan. 

“¿Qué inversionista va a considerar seriamente establecerse o permanecer en nuestra jurisdicción si la Asamblea Legislativa actúa en contra de la propia política pública del gobierno y menoscaba la herramienta de promoción de desarrollo económico más importante de Puerto Rico?”, indicó Rossi.

Este proyecto de ley ciertamente socava la credibilidad de nuestro gobierno en cuanto a su política pública y la relación de negocios con las empresas y los inversionistas que aportan grandemente al desarrollo económico de Puerto Rico, añadió el Industrial.  Las empresas necesitan ahora más que nunca, en medio de la crisis financiera mundial, que el ambiente de negocios en Puerto Rico mejore y que todas las ramas del gobierno trabajen en conjunto para dar seguridad y certeza a la inversión, y que no pretendemos cambiar de repente las reglas de juego bajo las cuales invitamos a estas empresas a establecerse e invertir en Puerto Rico.

El titular de los Industriales argumentó que el Artículo II, Sección 7 de nuestra Constitución prohíbe que se aprueben leyes que menoscaben las relaciones contractuales existentes. Si este proyecto de ley se aprobara,  habría un menoscabo directo a cientos de decretos contributivos existentes, los cuales son contratos formales entre las empresas y el Gobierno.  Aunque las compañías afectadas siempre podrían, en teoría, recurrir a los tribunales locales y federales para hacer valer sus derechos y los contratos vigentes, la idea no es litigar con las empresas que invierten en Puerto Rico sino ayudarlas a ser más competitivas y que puedan permanecer y crecer aquí. 

En su ponencia, los Industriales recomendaron a que la Comisión de Hacienda  abogue por que tengamos en Puerto Rico, al igual que lo tienen estados norteamericanos y países competidores, un banco de talento compuesto por las mejores mentes empresariales, velando por la promoción de Puerto Rico y analizando constantemente, para nosotros superarlos, cómo nuestros competidores configuran  sus ofrecimientos al inversionista y al creador de empresas para fomentar la innovación, el conocimiento y la exportación y así lograr más y mejores empleos.